La Organización Internacional para las Migraciones reportó que 18,000 personas fueron rescatadas en el Mediterráneo central en las primeras dos semanas de marzo, la cifra más alta registrada para este periodo del año. Las embarcaciones, la mayoría inflables sobrecargadas, partieron de las costas de Libia y Túnez con destino a las islas italianas de Lampedusa y Sicilia. Al menos 47 personas perdieron la vida en naufragios durante este periodo.
La crisis se ha agudizado por la inestabilidad política en varios países del norte de África y el África subsahariana. Los conflictos en Sudán, la República Democrática del Congo y Somalia han desplazado a millones de personas que buscan refugio en Europa. Los traficantes de personas cobran entre 3,000 y 8,000 dólares por el cruce, una cifra que muchas familias pagan con los ahorros de toda una vida o mediante deudas que las atan a redes de explotación laboral.
Italia y Grecia, los principales países de llegada, han solicitado a la Unión Europea una distribución más equitativa de los solicitantes de asilo. El gobierno italiano implementó un controvertido acuerdo con Albania para procesar solicitudes de asilo fuera del territorio europeo, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos como ACNUR y Médicos Sin Fronteras, que la consideran contraria al derecho internacional de refugiados.
Las organizaciones de rescate marítimo, como SOS Méditerranée y Sea-Watch, operan con recursos limitados y enfrentan restricciones crecientes por parte de los gobiernos europeos. Los barcos de rescate son sometidos a inspecciones prolongadas en puertos italianos que los mantienen fuera de servicio durante semanas. A pesar de los obstáculos, estas organizaciones han salvado más de 200,000 vidas desde 2015 y continúan patrullando las aguas más mortíferas del mundo.